La detección de un caso positivo de coronavirus entre los internados en el Hospital Borda fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como un nuevo hecho dentro del amparo colectivo pendiente de resolución, que reclama se ordene a la Ciudad "medidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad" que se atienden en esa institución psiquiátrica así como en el Moyano, Tobar García y Alvear.
"Este primer caso (de Covid-19) del Borda confirma un poco lo que señalábamos, que si no se prevén medidas de cuidado y control, iban a empezar los contagios y está pasando", dijo a Télam Macarena Sabin Paz, coordinadora del Salud Mental del CELS.
Presentado originalmente por el CELS el 7 de mayo, el recurso solicita de manera cautelar que se exija al Gobierno porteño la provisión de elementos de higiene e insumos para prevenir el contagio, dispositivos telefónicos y conectividad en los pabellones, medios para evitar la propagación al interior de los hospitales y protocolos de actuación.
Además, reclamó la entrega de medicación en cantidades adecuadas para reducir la circulación, el restablecimiento de tratamientos integrales e interdisciplinarios suspendidos y la adopción de medidas para garantizar el cobro de pensiones por parte de los usuarios que lo hacían por ventanilla.
En la denuncia de un nuevo hecho, el CELS pidió medidas cautelares específicas para el Borda tales como identificar los "contactos estrechos" del caso positivo y adoptar las medidas de aislamiento y vigilancia clínica por el lapso de 14 días, evaluar la necesidad de realizar test entre éstos, garantizar a los usuarios aislados durante ese periodo, condiciones dignas de vida y especial cuidado para los que presenten factores de riesgo".
El recurso fue interpuesto ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 12 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Alejandra Petrella, quien ayer admitió el amparo colectivo y abrió el expediente por un plazo de 10 días para la incorporación de más amparistas, informó el portal Ijudicial.
A finales de abril, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (N) advirtió acerca de la situación de las personas internadas y consideró urgente garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para prevenir contagios por coronavirus de los trabajadores y profesionales de esos establecimientos.
Tras la confirmación del primer caso en el Borda, el N reclamó ayer a las autoridades sanitarias que se realicen testeos a toda la población de los hospitales monovalentes.
"Lo que señalamos es que las personas (internadas) están en condiciones de aislamiento, pero eso no puede significar mayor encierro al encierro agregado que sufren históricamente", agregó Sabin Paz, quien estimó en unas 800 las personas con discapacidad mental que cumplen su cuarentena en los cuatro hospitales monovalentes.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por motivos de salud mental, publicado por la Dirección Nacional de Salud Mental el año pasado, a nivel nacional funcionan 162 establecimientos donde hay 12.035 personas internadas.
El 52% de ellas está en instituciones públicas, el 25% del total de los establecimientos censados.
Por otra parte, más del 63% de las internaciones se prolongan por más de un año y el promedio nacional de duración de internaciones es de ocho años en general, y de más de 12,5 años en el sector público.
"La Covid-19 es como una lupa gigante que muestra la situación de vulnerabilidad, aislamiento y desidia institucional en que viven estas personas, que el CELS viene denunciando históricamente; y ante la crisis el manicomio responde con lo que sabe hacer, mayor encierro", remarcó.
Sabin Paz aseguró que en estos hospitales monovalentes "hay un total desapego a los estándares que estableció la Ley de Salud Mental" 26.657, que plantea pensar formas de tratamiento alternativos "del encierro manicomial" y estableció un plazo de 10 años para el cierre definitivo de hospitales psiquiátricos monovalentes como el Borda.
"Este iba a ser el año del cierre de las instituciones monovalentes y hoy nos encontramos pidiendo jabón para poder lavarse las manos en las salas", agregó.
"Lo que necesitamos para que se puedan cerrar es un sistema de seguridad social que funcione para que esas personas tengan ingresos, necesitamos políticas habitacionales alternativas a la vida en manicomio -que no es vida- y servicios de atención en salud mental adecuados en el primer nivel de atención -barrios- así como servicios en hospitales generales ambulatorios y de internación", concluyó. (Télam)
Fuente: GrupoLaProvincia.com
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